
Revista Neosapiencia ISNN 3091-1982. Enero - junio 2026. Vol. 4, Núm.1, P. 250-277.
Introducción
En la última década, el concepto de educación inclusiva se ha consolidado como un principio ético
y pedagógico que orienta a los sistemas educativos hacia el reconocimiento y la valoración de la
diversidad; su propósito no se limita a la integración de determinados grupos, sino que promueve
la transformación de la cultura escolar, las prácticas educativas y las políticas públicas para
eliminar las barreras de aprendizaje y participación, garantizando una educación de calidad sin
distinción de origen, condición o identidad (Aguirre Vargas, 2022; Lima-Ribas & Tobar-Naranjo,
2021). En este marco, la UNESCO ha reiterado que la inclusión constituye la base de un sistema
educativo equitativo, aunque en América Latina y el Caribe persisten brechas significativas de
acceso y permanencia que afectan especialmente a los grupos más vulnerables (UNESCO, 2020).
Investigaciones recientes subrayan, además, que la inclusión educativa —particularmente en zonas
rurales— es determinante para que niños, niñas y adolescentes construyan un proyecto de vida
digno y participen plenamente en la sociedad (Cepeda Queipo et al., 2025; Hurtado, 2023).
En el contexto latinoamericano, el ámbito rural continúa marcado por desigualdades históricas
vinculadas a la pobreza, la dispersión geográfica, la limitada infraestructura y la reducida oferta
de servicios educativos especializados. Aunque se han producido avances normativos en torno al
derecho a la educación inclusiva, muchas escuelas aún enfrentan carencias de recursos,
insuficiente formación docente y dificultades para adaptar el currículo a las realidades locales
(Marcos-Talaverano, 2024; Ramírez Merchán et al., 2025). Dentro del sistema educativo
ecuatoriano, esta situación se refleja en la distancia entre las políticas de inclusión y las condiciones
concretas de las instituciones rurales, donde factores estructurales y culturales continúan afectando
el acceso, la permanencia y los logros de aprendizaje (Aguirre Vargas, 2022; Jumbo Condolo,
2022).
Diversos análisis coinciden en que, si bien el marco legal ecuatoriano reconoce el derecho a una
educación sin discriminación, su implementación es desigual; entre los principales desafíos se
identifican la limitada preparación docente para atender necesidades educativas especiales, la débil
relación entre escuela, familia y comunidad, y la persistencia de modelos pedagógicos
tradicionales (Lima-Ribas & Tobar-Naranjo, 2021). Asimismo, los programas de inclusión
desarrollados en zonas rurales evidencian esfuerzos por ampliar el acceso y ofrecer apoyos
específicos, aunque todavía se observan limitaciones en la dotación de recursos pedagógicos, el